Buscan que el hijo de la mujer asesinada en Alto Comedero acceda a los beneficios de la Ley Brisa

El femicidio de una mujer a manos de su expareja conmovió al barrio jujeño. Ahora, las autoridades activan mecanismos de reparación para proteger al niño que presenció el crimen.

Un trágico episodio de violencia de género sacudió este domingo al barrio Alto Comedero, en San Salvador de Jujuy. Un hombre irrumpió en la casa de su expareja, la asesinó y luego se quitó la vida. En la vivienda se encontraban los dos hijos de la mujer, uno de ellos fruto de la relación con el agresor. Tras confirmarse el femicidio, el Estado provincial comenzó a trabajar para que el hijo menor, de 8 años, acceda a los beneficios de la Ley Brisa.

Esta normativa, vigente desde 2018, contempla una reparación económica mensual y cobertura de salud para niñas, niños y adolescentes que hayan quedado huérfanos como consecuencia de femicidios o violencia intrafamiliar. El objetivo es brindar contención y garantizar condiciones mínimas de vida digna a quienes sufren este tipo de pérdidas irreparables.

El caso está siendo investigado por el fiscal del Ministerio Público de la Acusación, Emilio Gurrieri. Según fuentes oficiales, el agresor ingresó por la fuerza al domicilio de su expareja en las 47 hectáreas de Alto Comedero, donde se atrincheró, prendió fuego el lugar, asesinó a la mujer y luego se suicidó. El hecho fue confirmado por el secretario de Seguridad provincial, Juan Manuel Pulleiro.

La Ley Brisa, llamada así en memoria de una niña cuya madre fue asesinada por su padre, contempla que el beneficio se cobre hasta los 21 años o de forma vitalicia en caso de discapacidad. Para acceder, se requiere que la justicia determine el carácter de violencia de género o familiar del hecho, incluso si el agresor ha fallecido. El beneficio es equivalente a una jubilación mínima y se actualiza por movilidad.

Desde los organismos de protección de derechos de la infancia en Jujuy trabajan ahora para que el niño afectado pueda acceder a esta reparación, que si bien no sustituye el daño sufrido, representa una herramienta del Estado para acompañarlo en el largo proceso de reconstrucción de su vida.