Este domingo, los ciudadanos de la Argentina habilitados para emitir su voto definirán, en la instancia del balotaje, quién será el futuro presidente del país. La contienda en esta etapa final de las elecciones será entre Sergio Massa (Unión por la Patria) y Javier Milei (La Libertad Avanza). Como en la Argentina votar es secreto, universal y obligatorio, es importante saber qué puede pasar si este domingo alguien no puede o decide no ejercer su deber como ciudadano.
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Lo cierto es que la inasistencia al proceso eleccionario se debe justificar ante las autoridades. Pero, de no justificarse, la Cámara Nacional Electoral (CNE) establece sanciones para los que no votaron, además de un castigo económico que consiste en una multa. Aunque, en la realidad, estas penas no suelen concretarse.
Qué pasa si no voto
Quienes no puedan concurrir a los comicios y tengan un justificativo válido, deben ir con su documento cívico a la comisaría más próxima del lugar en el que se encuentren y solicitar una certificación escrita que justifique la imposibilidad de votar.
Para evitar la multa y otras sanciones correspondientes, el certificado debe presentarse dentro de los 60 días de celebrada la elección ante el Juzgado Federal con Competencia Electoral del distrito que le corresponda al elector o ante la Cámara Nacional Electoral.
En cambio, tal como indica el Gobierno Nacional, a quienes deban sufragar y no puedan justificar ante la Justicia Nacional Electoral por qué no emitieron su voto, les corresponde una multa económica y quedan incorporados en el Registro de Infractores al deber de votar. Asimismo, no pueden ser designados para desempeñar funciones o empleos públicos durante tres años a partir de la elección. Además, quienes no paguen la multa, no pueden realizar gestiones o trámites ante los organismos estatales nacionales, provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante un año.
Sin embargo, en la práctica el peso de la ley electoral no se hace sentir y existen casos de gente que no fue a votar, aparece como morosa en la lista de infractores y no experimentó trabas a la hora de efectuar trámites tales como renovar el pasaporte, el DNI o el registro de conducir. También de altos funcionarios que asumieron en el Estado pese a que figuran en el Registro Público de Infractores al Deber de Votar.