Arresto domiciliario para Cristina Kirchner: qué pidió su defensa y qué respondió la fiscalía

Mientras la ex vicepresidenta plantea riesgos para su seguridad, los fiscales denuncian privilegios y exigen que se cumpla la ley.

Cristina Fernández de Kirchner solicitó al Tribunal Oral Federal N.º 2 cumplir su condena de seis años de prisión en su domicilio de Recoleta, sin usar tobillera electrónica. “El cumplimiento de una pena privativa de libertad sólo puede ser llevado a cabo bajo la modalidad de detención domiciliaria”, afirmaron sus abogados Carlos Beraldi y Ary Llernovoy en el escrito presentado poco después de que la Corte Suprema dejara firme la sentencia por corrupción.

La defensa invocó la edad de la expresidenta, de 72 años, su estado de salud y los “riesgos concretos” para su seguridad derivados del atentado que sufrió en septiembre de 2022. “Dejarla presa en una cárcel común de manera alguna es compatible con los recaudos de seguridad que deben serle garantizados a una persona que se encuentra en la situación de nuestra asistida”, argumentaron. Además, calificaron como “completamente innecesario” el uso de tobillera electrónica, dado que Cristina cuenta con custodia permanente.

El juez Jorge Gorini dio cinco días hábiles para que todos los condenados se presenten voluntariamente en Comodoro Py. Mientras tanto, pidió al Ministerio de Seguridad de la Nación que disponga lugares adecuados para su alojamiento hasta que se definan los pedidos de arresto domiciliario o prisión efectiva. El plazo incluye un fin de semana y un feriado, lo que desató una reacción inmediata por parte del Ministerio Público Fiscal.

Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola exigieron que Cristina sea detenida de forma inmediata. En su presentación, cuestionaron la demora autorizada por el tribunal y advirtieron: “Resulta inadmisible conceder un margen de maniobra tan amplio cuando se trata del cumplimiento efectivo de una condena firme”. También subrayaron que la exmandataria debe estar sujeta a las condiciones previstas por ley para cualquier detenido.

La pulseada judicial quedó ahora en manos del tribunal, que deberá definir si la expresidenta comenzará a cumplir su condena en una cárcel, en su casa con tobillera o en las condiciones excepcionales que pide su defensa.