A raíz de diferentes denuncias que realizaron los beneficiarios de planes sociales, se inició una extensa investigación hace aproximadamente dos meses en donde se puso en conocimiento a las autoridades y a la fiscalía sobre esta problemática.
Quien dio conocimiento de los 15 allanamientos que se realizaron en distintas organizaciones sociales de Jujuy fue el fiscal Diego Funes, “hay casos de personas con vulnerabilidad socioeconómica que habían sido amenazadas con perder el beneficio social si no iban a marchas o si no abonaban cierta cantidad de dinero a la organización social que pertenecían”
Se denunció “multas para personas que no asistieran a una marcha y se acrecentaban si no asistían a dos marchas y después se los amedrentaba de quitarle el beneficio social si no habían asistido a varias marchar”
En este contexto, la fiscalía entendió que “podía haber un delito de coacción o de amenazas coactivas y en este sentido se dispuso realizar la investigación. Nos llamó la atención que eran varias las organizaciones que se denunciaban”
“El modus operanti parecía idéntico o similar: En todas las organizaciones estaba la misma exigencia y las mismas amenazas. Entendimos que detrás de estos delitos de extorsión no solo había un dirigente o referente sino que esto tenía una planificación y estructura que pergeñaba la planificación delictiva”
Por este motivo iniciaron los pedidos de allanamientos a las casa y sedes “actualmente hemos realizado varios allanamientos y secuestros de documentación”
El fiscal también comentó que “no solamente eran amenazados con quitarles el plan social sino que también debían abonar una parte de sus planes a los dirigentes, en algunos casos era un porcentaje, en otro la mitad y en otros más”
Por último, expresó que las denuncias se realizaron “a personas físicas, nombres no podemos dar porque todavía estamos investigando. Hay varias personas y organizaciones involucradas”
Laura Lozano
Jujuy A Diario
Andrea M. Cabrera
