Jujuy A DiarioEn un contexto de caída sostenida de la recaudación y crecientes exigencias macroeconómicas, el Gobierno nacional dispuso una nueva etapa de ajuste del gasto público. La decisión, confirmada desde la Casa Rosada, instruye a todos los ministerios a reducir aún más sus erogaciones con el objetivo central de garantizar el superávit fiscal y cumplir con las metas acordadas con el Fondo Monetario Internacional.
La medida se da en un escenario delicado: los ingresos tributarios acumulan ocho meses consecutivos en retroceso, lo que incrementa la presión sobre las cuentas públicas. Frente a este panorama, el Ejecutivo avanzó con una nueva pauta presupuestaria que contempla un recorte adicional del 2% en el gasto corriente y del 20% en el gasto de capital, profundizando así la política de ajuste ya en marcha.
Recorte del gasto: Sin detalles por área pero con metas claras
Si bien desde el Gobierno evitaron precisar cómo se distribuirán los recortes en cada cartera, sí dejaron en claro el rumbo: sostener el equilibrio fiscal a toda costa. Tampoco se informó el monto total de ahorro esperado, lo que genera incertidumbre en distintos sectores de la administración pública.
Fuentes oficiales señalaron que el ajuste responde directamente al deterioro de la recaudación y a la necesidad de cumplir con los compromisos internacionales. “La motosierra sigue”, resumieron desde el entorno gubernamental, en referencia a la continuidad del programa de reducción del gasto estatal.
Hasta marzo, el recorte ya mostraba impacto en áreas sensibles: el gasto se redujo un 3,3% en rubros clave como la obra pública, las transferencias a provincias y los salarios del sector público. Este proceso ahora se intensifica con la nueva directiva.
Presión del FMI y metas fiscales exigentes
El programa económico vigente está condicionado por el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que fija una meta de superávit primario del 2,2% para este año. Sin embargo, el propio Gobierno proyectó en el Presupuesto 2026 un objetivo más moderado del 1,5% del Producto Bruto Interno (PBI).
De acuerdo a los últimos datos oficiales, durante el primer bimestre del año el sector público alcanzó un superávit primario cercano al 0,4% del PBI y un superávit financiero del 0,1%. Estos números reflejan un inicio positivo, aunque todavía insuficiente frente a las metas anuales comprometidas.
Caída de ingresos y ajuste en partidas clave
El debilitamiento de la recaudación fue el factor determinante para avanzar con esta nueva ronda de recortes. En paralelo, distintas partidas del gasto mostraron caídas significativas en lo que va del año.
Entre ellas, se destacan los salarios del sector público, que registraron una disminución del 6,1% en el primer trimestre, pasando de $3,9 billones a $3,7 billones a valores corrientes. También se redujeron las prestaciones sociales, como las asignaciones familiares y la Asignación Universal por Hijo (AUH), que cayeron un 3,7%, desde $3,2 billones a $3 billones.
Riesgos legislativos y contexto político
El frente fiscal también enfrenta desafíos en el plano legislativo. Iniciativas impulsadas por la oposición, como el financiamiento universitario o una eventual reforma laboral, podrían incrementar el gasto o afectar la recaudación, complicando aún más el equilibrio de las cuentas públicas.
En este escenario, el Gobierno apuesta a profundizar el ajuste como principal herramienta para sostener la estabilidad macroeconómica, en medio de tensiones políticas y una economía que todavía no logra recuperar dinamismo en los ingresos fiscales.
Laura Lozano
Andrea M. Cabrera
