El 30 de diciembre de 2020 se votó la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo y la atención postaborto. Jujuy ocupa el tercer lugar en la lista que encabeza Buenos Aires según un informe del Ministerio de Salud.
El 24 de enero de 2021 entró en vigencia en todo el territorio. La ley establece una mixtura de plazos y causales y concede el derecho de personas con capacidad de gestar a interrumpir voluntariamente su embarazo, sin tener que compartir motivos, hasta la semana 14 ─inclusive─ del proceso gestacional. Este derecho coexiste con un sistema de causales que indica que, independientemente de la edad gestacional, la persona gestante puede interrumpir el embarazo si fuera resultado de una violación o si estuviera en peligro su vida o su salud (ILE).
Según los datos del Ministerio de Salud, en el sistema público de salud se registraron 25.894 interrupciones del embarazo en los primeros 6 meses de 2021. Son los primeros datos disponibles sobre la práctica luego de su legalización.
Entre las provincias donde menos abortos se notificaron se encuentran Corrientes, Formosa y Misiones, con 0,6 cada mil mujeres.
Sin embargo, los datos deben analizarse con algunos cuidados. “Primero, estos son datos sólo del sector público, o sea que no incluyen lo que ocurre en las obras sociales o las prepagas”, señaló a Chequeado Silvina Ramos, investigadora del Centro de Estudio de Estado y Sociedad (Cedes) y una de las autoras del informe del Proyecto Mirar, que monitorea la implementación de la ley.
Además, explicó, son datos de sólo 6 meses, que no permiten evaluar el comportamiento de la población y todavía hay deficiencias en el sistema de reporte que pueden generar un subregistro. “En muchas provincias no hay buenos sistemas de registro. Sólo la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires tienen buenos sistemas para sistematizar y difundir la información”.