En un fallo histórico, la Justicia Federal ordenó este martes al Poder Ejecutivo Nacional aplicar de manera inmediata la ley de financiamiento universitario (27.795), dejando sin efecto el decreto 759/2025 que había suspendido la actualización de salarios docentes y becas estudiantiles. La decisión del Juzgado Contencioso Administrativo Federal 11, a cargo del juez Martín Cormick, responde a una acción de amparo impulsada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y otras entidades del sistema universitario público.
El magistrado declaró inaplicable el decreto presidencial en la parte que condicionaba la ejecución de la ley a la definición previa de fuentes de financiamiento por el Congreso. Según el fallo, esta suspensión aparece como una “conducta arbitraria y contraria a la Constitución”, especialmente tras la insistencia legislativa de ambas cámaras conforme al artículo 83 constitucional.
La resolución hace lugar a la medida cautelar y ordena cumplir de inmediato los artículos 5 y 6 de la ley, que prevén la actualización de remuneraciones docentes y la recomposición automática de becas. La medida rige hasta la sentencia definitiva.
Fundamentos: Perjuicios irreparables y división de poderes
En sus considerandos, el juez Cormick subrayó que el incumplimiento genera “perjuicios graves de imposible reparación ulterior”, como la pérdida del poder adquisitivo de docentes y estudiantes. Esto compromete derechos laborales constitucionales y tratados internacionales de derechos humanos.
Rechazó el argumento gubernamental del “interés público” por ahorro fiscal —estimado en solo el 0,23 % del PBI— y alertó que afecta el derecho a enseñar y aprender. Además, cuestionó la medida por vulnerar la división de poderes, al intentar suspender una ley insistida por el Congreso con un decreto de menor jerarquía.
El fallo aclara que es provisional y no prejuzga el fondo del asunto, pero reúne los requisitos para su otorgamiento.













